Resumen: La Alianza Feminista presentó el nuevo mapa de asesinatos violentos en contra de mujeres. Los casos suman más de 300. Las madres piden justicia. Hablan de la impotencia, la injusticia y el dolor.
Responsable: María Fernanda Almeida | Fecha: 18-01-2022 | Cuaderno: Crianza. Foto principal: Centro Cultural Benjamín Carrión.
Ruth Montenegro, Janeth Sierra, Mónica Jiménez, Katherine Cuasquer y Sonia Salameo sostienen con ambas manos fotos y carteles con los nombres de sus hijas. Lo hacen sin bajar la mirada, con entereza, aunque el dolor esté ahí: inamovible. En el salón hay velas, flores y cruces moradas con los nombres de todas las mujeres asesinadas en 2022 por femicidio. “¡Justicia para todas!”, gritan a todo pulmón.
El 17 de enero estas madres acompañaron a las voceras de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios en Ecuador en la presentación de nuevos datos. El resultado es desolador. En 2022 se reportaron 332 muertes violentas de mujeres. De ellas, 134 eran mamás que dejaron al menos a 245 niños y niñas en la orfandad. Si nos remontamos hasta 2014, un total de 1.526 menores perdieron a sus madres por femicidio.
En 2019, en el gobierno de Lenin Moreno, se creó por decreto el bono por femicidio, que consistía en la entrega de una asistencia monetaria a los niños y adolescentes que quedaron huérfanos por la violencia de género. Uno de los requisitos para acceder a este bono era que existiera una sentencia ejecutoriada.
Dos años más tarde, en marzo de 2022, el actual presidente Lasso suscribió el decreto 370, con el que modificó la entrega del bono, al incluir el pago de un bono provisional a los casos que aún no cuentan con sentencia ejecutoriada e incluir los casos de asesinato, homicidio y violación con muerte.
Estos fueron los montos aprobados:
- 125,33 dólares (un hijo).
- 183,30 dólares (dos hijos).
- 230,48 dólares (tres hijos).
La voz de las expertas
1. A Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, además de las muertes violentas de mujeres le preocupa la situación de los menores que pierden a sus madres. Enumeró varios casos, especialmente en provincias amazónicas, en donde niños y niñas no estarían recibiendo el bono estatal por femicidio. También mencionó casos en los que no se estaría ejerciendo este derecho con el pretexto de que algunas familias ya reciben el bono de desarrollo humano. “¿Dónde está el seguimiento estatal a la salud mental?». «¿Dónde está la entrega de los bonos?», cuestionó.
En palabras de Geraldine los femicidios están en “cifras rojas” y, pese a ello, al Estado parecería no importarle. “El presidente Guillermo Lasso le quita 6 millones en la proforma presupuestaria de 2023 a la máxima autoridad (Ministerio de la Mujer) que tiene a cargo prevención, atención, protección y reparación”.
2. Gloria Camacho, integrante de Fundación Aldea y experta titular de Ecuador ante el mecanismo de seguimiento de la convención contra la violencia a la mujer, Belém do Pará, dice que la situación es dolorosa, especialmente en familias de la ruralidad cuya situación económica es alarmante. Relata casos complejos en los que adolescentes presencian los asesinatos de sus madres y deben dar su testimonio. Por un lado deben recrear el asesinato de su madre y, por otro, declarar en contra de su padre.
“La realidad es que no hay una preocupación ni de valorar su situación económica, ni qué tipo de atención psicológica están recibiendo. (…) Los niños pueden haber ido a una casa de los abuelos, de tíos o de otros parientes, y no sabemos qué trato están recibiendo, si están yendo a la escuela, si tienen qué comer. Todo esto debería ser una responsabilidad del Estado”, argumenta.
3. Para Mayra Tirira, abogada de la organización Surkuna, hay una vulneración constante de los derechos de las víctimas. Asegura que las sentencias condenatorias en casos de femicidios son reducidas. “Sabemos que tenemos 1.378 casos de femicidios desde el año 2014, sin embargo, el número de sentencias no llegan ni siquiera a 300”.
La voz de las mamas
Un duelo que se volvió canción
Canto a Valentina
Esta es la voz de Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, flautista y bailarina de ballet, quien fue agredida sexualmente y asesinada en su escuela, la Unidad Educativa Global del Ecuador. Fue en 2015, tenía 11 años.
La instrucción fiscal duró 5 años y por fallas al debido proceso fue prescrita. Inicialmente le habían dicho que la muerte de su niña fue accidental, pero tras investigaciones y varias autopsias, incluso una exhumación, se concluyó que Valentina fue agredida sexualmente y estrangulada. Sin embargo, y por falta de pruebas, su caso fue calificado como homicidio y no como femicidio.
“Ahora los implicados están siendo procesados por homicidio culposo. (…) 6 años, 7 meses después, los que agredieron a Valentina, los que le quitaron la vida, todavía siguen impunes y hay una institución educativa que omite su deber objetivo de cuidado y que todavía sigue con sus puertas abiertas. Esta es la realidad de las madres y las familias”, lamenta Ruth.
En 2018 esta mujer se convirtió en una de las fundadoras de la plataforma Vivas Nos Queremos, que eleva las denuncias de cientos de madres, hijas, tías, sobrinas y nietas que han perdido a un ser querido a manos de la violencia patriarcal.
Violencia vicaria, una expresión máxima de crueldad
Ver morir a su bebé de 7 meses ha sido el dolor más profundo que el corazón de Katerine Cuasquer ha soportado. Su hija Zoe fue asesinada por sicarios, en Ibarra, el 20 de abril de 2022. Recibió un disparo en su brazo que alcanzó el tórax. El padre de la niña sería quien contrató a los sicarios para que cometieran el crimen. Este mismo ciudadano también habría tenido el objetivo acabar con la vida de Katerine, por represalias tras un juicio de alimentos.
Este 24 de enero será el juicio y la madre de Zoe espera que caiga todo el peso de la ley sobre los cuatro involucrados: su expareja, quien se desempeñaba como policía, su actual novia y los dos sicarios.
“Para mí es muy duro, era mi única hija y verle morir en mis brazos es lo más cruel. El papá tiene que ver por los hijos, no mandarles a asesinar. (…) No merecen ni el perdón de Dios”.
Suicidios que enmascaran femicidios
El 16 de junio de 2022, Janeth Sierra recibió una llamada que le cambió la vida. Le comunicaron que su hija Camila Aguilera (21) presuntamente se habría suicidado lanzándose de un 16° piso de un edificio en Quito.
Inicialmente el caso fue tratado como suicidio, pero tras las inconsistencias presentadas la Fiscalía abrió una nueva investigación por presunto femicidio. Los hechos sucedieron más o menos así: Camila discutió con su pareja por una supuesta infidelidad. Emilia, su hermana gemela, quien también se encontraba en el departamento con otras amigas, presenció la discusión en la que el joven golpeó a Camila.
Emilia pidió un taxi para huir en compañía de su hermana, pero el agresor salió de una de las habitaciones asegurando que Camila se había lanzado por la ventana.
Al llegar la policía, Emilia les suplicó que detuvieran al novio de su gemela, quien minutos antes la había golpeado. Sus palabras, qué duda cabe, no fueron escuchadas por los uniformados.
“Se tomó tan a la ligera la vida de un ser humano que no hubo ninguna investigación, no se precauteló ninguna prueba, ni escena del delito. (…) Exijo que se investiguen estos casos de presuntos suicidios porque sepan ustedes que la mayoría de suicidios enmascaran femicidios”, dice Janeth.
