Un impactante incremento del 640% en la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, entre 2019 y 2023, revela que la violencia está causando un profundo impacto en las infancias, dejándolas expuestas a la criminalidad y el abandono.

Responsable: María Fernanda Almeida. | Fecha de publicación: 30/05/2024 | Cuaderno: Crianza.  

En Ecuador, la ola de violencia reportada en los últimos años ha afectado directamente a los niños, niñas y adolescentes (NNA), especialmente en zonas azotadas por la pobreza y la desigualdad. Un dato alarmante es que la tasa de homicidios de habitantes de 0 a 19 años aumentó en 640% del 2019 a 2023, pasando de 104 casos a 770, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. 

Otro dato que enluta la víspera del Día del Niño, que se celebra el 1 de junio, es que los homicidios intencionales a niños de 0 a 4 años ocupan el mayor porcentaje del total de víctimas jóvenes, llegando al 32.2% del total de casos en 2023, mientras que en 2022 se ubicó en 21.6%.  El 87% de todos los homicidios se ejecutan con armas de fuego y este sería un importante indicio del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos criminales.

 Karina López, comunicadora social, profesora y técnica de territorio de la ONG Unidos por la Educación, trabaja en Esmeraldas, una de las provincias más inseguras del país. Ella reconoce que estas cifras responden a historias cada vez más latentes, especialmente en zonas altamente conflictivas de la provincia como en El Palmar, Isla Vargas Torres, La Guaracha o Nueva Esperanza. “Hay niños de 4 o 5 años en la provincia que ya reconocen los tipos de drogas solo guiándose por los olores. Niños de 7 u 8 años ya están manipulando armas blancas, pistolas e incluso ametralladoras”, dice. 

Una de las experiencias más dolorosas que recuerda fue en 2022 cuando ella y sus alumnos de 5 a 12 años presenciaron el asesinato de un hombre frente a la escuela. Asegura que ver la tranquilidad con la que varios niños reaccionaron ante la violencia desmesurada fue impactante en comparación a otros niños que quedaron en completo estado de shock y con efectos postraumáticos. 

 Es que para Karina la ola de violencia no es algo reciente y tiene relación con los efectos de la pobreza, la violencia intrafamiliar, el desempleo, la falta de educación y los pocos recursos que tienen los padres, las madres y los cuidadores para atender a sus hijos. “Muchos niños piensan en unirse a estas bandas porque, al enfrentarse al rechazo de las familias y del Estado, sí hay un grupo pequeño que está interesado en ellos y esas son las personas que lideran las bandas delincuenciales”, se lamenta. 

Para esta docente, una de las soluciones estaría en robustecer la política pública y rescatar el rol de la familia para valorar la crianza positiva y el rol de la parentalidad. Además, fortalecer la educación y el apoyo emocional a las infancias.  

se Femicidios, una realidad de decenas de niñas

Fundación Aldea, la organización que realiza el mapeo de femicidios en Ecuador, contabiliza 166 niñas y adolescentes que han sido víctimas de femicidio entre enero de 2014 y septiembre de 2023.  Algunas niñas han muerto de forma muy violenta junto a sus madres. Hay otros casos de suma crueldad, como el asesinato de Zoe (7 meses) a manos de sicarios que actuaron por orden de su padre, quien quería vengarse de su expareja por un juicio de alimentos. Esto fue el 20 de abril de 2022. 

Uno de los femicidios más recientes fue en febrero de 2024 cuando se encontraron los cuerpos de las hermanas Briana, de 3 años, y Génesis Campo, de 10 años, en la provincia del Carchi. Su madre, Vanessa Villareal, fue asesinada cuatro meses antes. El principal sospechoso y sobre quien pesa una orden de captura y difusión roja de la Interpol es Jonathan Daniel Goyes Narváez, expareja sentimental de la mujer. 

Para Miriam Ernst, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres, hay muy poco que celebrar para las infancias en este Día del Niño, porque la violencia desmesurada cada vez los afecta más. Afirma que la institucionalidad está muy debilitada y que en estos últimos años solo la sociedad civil se ha venido activando por los derechos de los niños, el Estado no se ha involucrado.

“Hay un incremento de niñas víctimas de femicidio, también de aquellas que han sufrido abuso sexual o de algunas que han sido desaparecidas, y esto se liga justamente al contexto económico de pobreza y de extrema pobreza que estamos viviendo. Se debe también al tema de inseguridad, de la falta de oportunidades, al alza de embarazos adolescentes. A las niñas muchas veces les ofrecen un vestido, un par de zapatos (…),  las manipulan, las utilizan y hasta las desaparecen”, explica Miriam. 

Además, asegura que a los NNA el Estado debe proveerles herramientas para evitar la violencia criminal, sexual, intrafamiliar, así como los suicidios y embarazos, con una mayor oferta cultural que incluya danza, literatura y música,  además de promover un fuerte plan de prevención de la violencia en general. Pero se lamenta de que “al gobierno parecería no importarle absolutamente nada”. 

A su criterio, una muestra de esto es el poco presupuesto que se ha destinado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en 2024, el cual asciende a los 13 millones de dólares. En este sentido, también cuestiona que, después del femicidio de María Belén Bernal, este ministerio, creado en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, ahora pretenda ser reemplazado por el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos (nombre tentativo).  “No sé cómo se combina eso, no sé cómo se come, (…) estoy segura de que la mayor parte del presupuesto estará destinado a la política criminal y no a la mujer ni a los derechos humanos”. 

El dato

El 28 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Reparación a Familiares de Víctimas de Feminicidio, que establece que el Estado deberá comprometerse a prestar recursos para garantizar el acompañamiento y la reparación integral a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

Si la Ley entra en vigencia y no recibe ningún veto presidencial, los beneficiarios podrán acceder a asistencia sanitaria y psicológica, servicios gratuitos de asesoría jurídica, apoyo en vivienda, trabajo y educación. Además, los hijos e hijas de las víctimas de femicidio y muertes violentas podrán prescindir del apellido del padre feminicida. 

Entre 2014 y 2023, los femicidios dejaron a 1.526 niños y niñas sin sus madres en Ecuador.  

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