Resumen: Cuando el Estado priva a una mujer de acceder a un método anticonceptivo la está empujando a convertirse en una posible víctima de mortalidad materna.
Responsable: Área de Producción Periodística. Fecha: 14-05-2023 | Cuaderno: Maternidades. Foto principal: cortesía.
Ponerse en los zapatos de una mujer violentada, embarazada a la fuerza, sin trabajo, que vive en la ruralidad, lejos de los servicios de salud, y que no ha tenido acceso a la educación, no es ficción, es una realidad en Ecuador. Y son precisamente esas mujeres las que engrosan la estadística de muerte materna (MM), según varios especialistas consultados.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) señalan que en 2019 murieron 123 mujeres; en 2020, el peor año a causa de la pandemia, 191, y en 2021 se reportaron 144 casos. El INEC no contabiliza las MM tardías, que ocurren por razones obstétricas hasta un año después del parto de una mujer, y existe un importante subregistro porque hay zonas que simplemente son invisibles a los ojos del Estado.
Por ejemplo, en la parroquia Tobar Donoso, ubicada en la provincia del Carchi, sus 2.200 habitantes reciben sólo una vez al año la visita de autoridades o funcionarios públicos. Así lo recoge una investigación realizada por becarios de la organización Periodistas Sin Cadenas. No existen centros de salud ni unidades de policía comunitaria. Tampoco infocentros, bancos y farmacias. Mucho menos carreteras que conecten a este poblado con el resto del país. Entonces, ¿cómo se atienden las mujeres embarazadas? ¿Quién hace sus controles prenatales? ¿Dónde alumbran si el parto se adelanta? Son preguntas que flotan sin respuesta.
“Cuando hay muerte materna, quienes pagan son las mujeres más pobres”, dice Hugo Noboa, ex médico salubrista, activista por los derechos a la salud y autor de la investigación Mortalidad materna en el Ecuador: una mirada crítica, publicada en 2019.
El especialista señala que rara vez las mujeres de estratos económicos más altos mueren. Un indicador de ello es el nivel de instrucción, que se usa como un referente social. En la Gaceta Epidemiológica de Muertes Maternas del Ministerio de Salud del año 2022, de los 101 casos reportados, el 41,5% de las mujeres que murieron solo habían culminado la primaria (es un dato tentativo, a la espera de que el ministerio cierre la data de 2022).
Noboa identifica tres factores que aumentan el riesgo de MM. El primero es la imposibilidad de acceder a métodos anticonceptivos, lo cual es una responsabilidad de los servicios de salud del Estado. “Negar este derecho marca un riesgo para la mujer que a lo mejor no quería tener ese hijo y donde, posiblemente, hubo violencia sexual”.
Un segundo componente tiene que ver con la desinformación y las dificultades que enfrenta la mujer para poder identificar un signo de alarma o una hemorragia, desconociendo los riesgos del parto y el embarazo.
El tercer factor responde a los obstáculos que debe sortear para ser atendida en los centros de salud, ya sea porque vive en zonas rurales y alejadas o porque ha sido discriminada o ha recibido malos tratos en sus anteriores experiencias en el sistema de salud.
A todas estas situaciones podemos sumar los cuadros de violencia intrafamiliar que muchas veces afectan su estado de gestación.
Según Noboa, las mujeres indígenas y afro son las más afectadas.
En la selva
En 2022, la organización Surkuna atendió un caso de muerte materna en Macas, región amazónica. Ana Vera, coordinadora de Incidencia y forma parte del equipo de acciones legales estratégicas de esta ONG, nos contó que la mujer embarazada vivía en una zona de difícil acceso, selva adentro. Pese a que llamó a la ambulancia, ninguna de las dos unidades disponibles pudo llegar. El Ministerio de Salud tiene data al respecto pues indica que 60 mujeres fallecieron en su domicilio entre 2019 y 2023.
“Técnicamente, cuando una mujer se embaraza hay que construir un plan de parto, más si es una mujer empobrecida que vive en un lugar remoto o alejado. Pero lo que sucede es que muchas veces estos planes de parto se construyen de manera alejada a la realidad”, explica Vera.
Las edades de las mujeres que mueren estando embarazadas también son una señal de alerta. Las gacetas epidemiológicas del Ministerio de Salud de los cinco últimos años detallan que muchas muertes ocurren en niñas y mujeres de entre 10 y 24 años.
Vera afirma que las niñas y adolescentes tienen cinco veces más probabilidades de morir que una adulta, y que a pesar de esto se les niega la alternativa del aborto en los centros de salud. ¿El argumento? Se les informa que el aborto es una práctica legal en algunos casos, pero invariablemente peligrosa. Nadie les dice que un embarazo o un parto a su edad también es altamente riesgoso.
El subregistro
La sentencia de la Corte Constitucional que da luz verde al aborto en casos de violación menciona que aproximadamente el 15% de las MM en Ecuador se producen por abortos realizados en lugares clandestinos.
Es precisamente en estos casos donde se concentra la mayor parte del subregistro. La directora de Surkuna asegura que las mujeres temen ser criminalizadas y revivir episodios de violencia al manifestar su intención de practicarse un aborto, entonces recurren a sitios clandestinos en donde muchas veces se producen cuadros de hemorragias e infecciones severas que les causan la muerte. En el hospital o centro de salud público solo se registra la causa médica del deceso. No se menciona el aborto inseguro. Como en los tiempos de Carmela Granja, una popular abortera de Quito, sigue siendo un tabú.
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